CIUDAD DE MÉXICO. Un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento para determinar si el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, debe continuar sujeto a juicio por narcotráfico, al encontrar violaciones a su derecho de defensa y al debido proceso. La decisión podría retrasar o modificar el curso del proceso penal en su contra.
La magistrada Angélica Lucio Rosales, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con sede en Nuevo León, dejó sin efecto un auto de formal prisión en contra de Yarrington y devolvió el caso al tribunal de apelación de Matamoros para una nueva resolución.
El contenido de esos testimonios o confesiones no podía ser considerado como prueba válida dentro de la causa penal en estudio, pues nunca fueron rendidos ante el juez que conoce del proceso.
— Magistrada Angélica Lucio Rosales.
Argumentos clave de la decisión
La sentencia se basó en dos argumentos principales que consideró fundados:
Uso de pruebas inválidas: La magistrada determinó que Yarrington fue procesado con base en confesiones y declaraciones obtenidas en otras investigaciones (averiguaciones previas), ofrecidas solo en copias certificadas. Esto contraviene jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prohíbe usar testimonios de una investigación distinta para acreditar un delito, ya que el acusado no tuvo oportunidad de controvertirlos.
Omisión de pruebas de descargo: El tribunal anterior no consideró dos pruebas presentadas por la defensa: una carta de un testigo protegido clave "Pitufo" —que alega fue presionado por autoridades estadounidenses para declarar falsamente— y un acuerdo de la Fiscalía General de la República (FGR) donde no se ejerció acción penal contra un supuesto cómplice por insuficiencia de testimonios.
Próximos pasos y contexto legal
El fallo no es definitivo. La FGR puede impugnarlo mediante un recurso de revisión, que sería resuelto por otro tribunal colegiado. De confirmarse, el caso regresará al tribunal de Matamoros, el cual deberá emitir una nueva decisión omitiendo las pruebas cuestionadas y considerando las de descargo.
Tomás Yarrington fue extraditado de Italia a Estados Unidos en 2019, donde fue condenado por lavado de dinero. Tras ser deportado a México en abril de 2025, fue internado en el Penal del Altiplano. Incluso si se cancelara este proceso por narcotráfico, el exmandatario permanecería encarcelado al enfrentar otros dos procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero.